El régimen fue incorporado a la Ley de Ciudadanía (Ley 346) por el DNU 366/2025 y desarrollado procesalmente por el Decreto 524/2025, que creó la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión (APCI) en el ámbito del Ministerio de Economía. El lanzamiento fue anunciado el 2 de octubre de 2026 por el ministro de Economía y el jefe de Gabinete de Ministros.
Lo que se anunció
- Vía 1 · Aporte de USD 350.000 no reembolsable al Tesoro Nacional. No es una inversión recuperable: es una transferencia definitiva.
- Vía 2 · Bono público de USD 800.000. Plazo, tasa, moneda, ley aplicable, custodia, transferibilidad y permanencia mínima todavía no fueron publicados.
- Grupo familiar: USD 100.000 por el cónyuge, USD 100.000 por cada hijo soltero y sin hijos de 18 a 25 años, y USD 25.000 por cada hijo menor de 18 años.
- Evaluación: la APCI analiza la solicitud con la participación de la SIDE, la UIF, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio del Interior, y eleva su recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones, que aprueba o rechaza.
Ejemplo: una familia con dos hijos menores que elija la vía del aporte suma USD 500.000 (USD 350.000 + 100.000 + 25.000 + 25.000). El comunicado no aclara cómo se aplican los aportes familiares si el titular elige el bono.
Estado actual: anunciado, todavía no abierto
A la fecha de esta revisión no se publicaron en el Boletín Oficial la reglamentación ni el procedimiento. Continúan pendientes:
- El formulario y el canal oficial de presentación.
- Los requisitos documentales.
- Las cuentas oficiales de pago del Tesoro.
- Los términos del bono.
- La secuencia de pago —antes o después de la evaluación— y las reglas ante un rechazo.
- La eventual admisión de inversiones productivas como vía adicional.
No deben transferirse fondos todavía
Hasta que se publiquen el procedimiento y las cuentas oficiales, ningún pago es seguro. No existen agentes oficiales, cupos ni canales preferenciales: desconfíe de quien los ofrezca o pida transferencias a cuentas propias. Las cifras que circularon antes del anuncio (USD 500.000 a 1 millón) ya no son una referencia válida.
¿Qué prevé el procedimiento?
De acuerdo con el Decreto 524/2025, la Agencia analiza la solicitud y el perfil del solicitante, y requiere informes a organismos de seguridad, inteligencia, prevención del lavado de activos, antecedentes penales y registración. Sobre esa base recomienda la aprobación o el rechazo, y la Dirección Nacional de Migraciones cuenta con treinta días hábiles desde la recepción del informe para resolver.
Esos treinta días no comprenden la evaluación, la debida diligencia ni la producción de informes. Por lo tanto, no constituyen un plazo total de obtención de la ciudadanía ni una garantía de pasaporte.
Qué se evaluará
Con independencia de la vía elegida, la solicitud deberá superar una debida diligencia que, previsiblemente, comprenderá:
- Identidad del solicitante y de cada integrante del grupo familiar.
- Beneficiario final de las estructuras involucradas.
- Origen lícito del patrimonio y de los fondos.
- Trazabilidad de los fondos a través del sistema financiero formal (estándares OCDE/GAFI).
- Perfil patrimonial y riesgo jurisdiccional.
- Antecedentes penales y reputacionales.
- Historial migratorio.
- Ausencia de sanciones internacionales.
- Consistencia de los registros societarios y bancarios.
¿Y la inversión productiva?
Las vías anunciadas son el aporte y el bono. Una inversión productiva —energía, minería, agroindustria, infraestructura, industria o tecnología— solo podrá calificar si una norma lo admite expresamente.
La compra de inmuebles, la tenencia de valores negociables o de criptoactivos y la constitución de una sociedad no deben presumirse calificables.
Riesgo jurídico y fiscal
La naturalización por inversión no convierte por sí sola a la persona en residente fiscal argentino: el artículo 194 de la Ley 27.802 modificó el artículo 116 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, y siguen aplicándose las reglas de residencia para extranjeros.
El régimen deriva del DNU 366/2025
En junio de 2026, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal y la Cámara Nacional Electoral invalidaron disposiciones del DNU 366/2025 en casos concretos. No se trata de una derogación general: el Poder Ejecutivo considera vigente el régimen, la Ley 27.802 remite expresamente a la naturalización por inversión y la Corte Suprema tendrá la última palabra. Es un riesgo a ponderar antes de comprometer fondos.
Seguimiento del programa en ocho idiomas
El seguimiento detallado del programa argentino —guía normativa, preguntas abiertas de la reglamentación y alertas de apertura— se publica en nuestra plataforma especializada CBI.Lawyer. Lea la guía normativa actualizada.
Prepare su expediente antes de la apertura
Iniciamos hoy el due diligence documental para que la solicitud esté completa el día en que se publique el procedimiento. Ningún fondo se transfiere antes de que exista el canal oficial.